Tras el correspondiente estudio, la página de Justicia Alimentaria ha elaborado un informe que titula “Las Mentiras que comemos: Anatomía del greenwashing alimentario”’, poniendo en marcha a su vez, una campaña con ese título. Se trata de luchar contra las malas prácticas de las empresas de alimentación, que se aprovechan de ciertos resquicios legales, colocando en sus etiquetas mensajes que vienen a confundir al consumidor, con la intención de aumentar sus ventas.
Temas polémicos como etiquetar un alimento como Bio, o saber lo que contamina un yogur ecológico, están en el punto de mira de esta campaña contra el greenwashing empresarial. Puro marketing que se vale del vacío legal existente en la industria alimentaria. El informe se ha presentado en Valencia, para denunciar estas malas prácticas y la falta de legislación apropiada para combatirlas.
Son prácticas que confunden al consumidor, haciendo ver que la empresa está comprometida con los problemas medioambientales, sociales o sanitarios, cuando lo cierto es que no cambian el contenido del producto, más allá de escribirlo en la etiqueta, según declara Justicia Alimentaria.
En el informe se indica que estos sellos corporativos se diseñan y controlan por la propia industria o por fundaciones privadas, cuyas indicaciones son difíciles de comprobar por el consumidor, como por ejemplo sobre la emisión de CO2 en su elaboración.
A tal efecto, nos recuerda que la certificación ecológica no alude a aspectos laborales o de derechos humanos. Y se pone un sello ecológico en un producto para dar a entender al consumidor que es mejor que otro que no lo tiene. En realidad, está indicando el cumplimiento de la normativa que lo regula, simplemente, pero sabe que genera unas expectativas superiores. Ponen el ejemplo en frutas y verduras cultivadas en invernaderos de regadíos, que, aunque con certificación ecológica, producen un fuerte impacto en el cambio climático y en la explotación del agua.
El informe finaliza concluyendo que en la producción agrícola, los invernaderos, regadíos y fertilizantes son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, pero este dato no influye al gestionar los sellos ecológicos.
E igual ocurre en la explotación ganadera, pues en los sellos de bienestar animal los criterios son muy poco rigurosos, y sin embargo, el 60% del sector ya ha logrado su sello, sello creado por la propia industria.
Es necesario contar con políticas públicas firmes para luchar contra el cambio climático, que proporcionen alimentación sana y respeten los derechos laborales y humanos (Bueno, limpio y justo). Y para ello habrá que mejorar la legislación existente, prohibiendo la auto certificación corporativa alimentaria, con un sistema público de etiquetado y certificación social, ambiental y de salud.
Es preciso el conocimiento para tener libertad de elegir lo que queremos comer, y, tal como indica la página Gastronomía y Cía, la información veraz no está en las estanterías de los supermercados.
Fuente: www.justiciaalimentaria.org
